introducción
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una confrontación abierta y sin precedentes con la Organización de las Naciones Unidas en materia de desapariciones forzadas, un desafío que trasciende la retórica habitual sobre soberanía y no intervención.
Mientras la administración insiste en que México no enfrenta una crisis estructural de derechos humanos y atribuye las críticas a injerencias externas, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU activó el 2 de abril de 2026 el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Esta medida inédita solicita a la Asamblea General examinar la situación del país, ante indicios fundados de que se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, con patrones de omisión estatal y posible complicidad en diversos niveles.
El mensaje de la ONU es inequívoco: la comunidad internacional ya no acepta la narrativa oficial que minimiza la emergencia humanitaria heredada y profundizada por la Cuarta Transformación.
La magnitud de la emergencia humanitaria que el gobierno enfrenta
La crisis no surge de un hecho aislado, sino de la acumulación de más de 132.000 personas registradas como desaparecidas o no localizadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) desde 2006.
Aunque el gobierno presentó en marzo de 2026 una reinterpretación de estas cifras —reduciendo el número de casos activos sin rastro a aproximadamente 43.000 tras reclasificar registros con datos incompletos o con actividad posterior—, organismos internacionales y colectivos de víctimas cuestionan que esta revisión minimice la escala real del problema y el rezago en investigaciones.
Fosas clandestinas, homicidios dolosos en cifras elevadas y el control territorial significativo de grupos criminales en múltiples regiones del país configuran un panorama de violencia que el Estado no ha logrado revertir de manera efectiva.
La herencia de “abrazos, no balazos” y su continuidad
Esta situación es la prolongación directa de la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que la presidenta Sheinbaum no solo ha mantenido, sino que ha reforzado con mayor presupuesto para la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, sin que existan mecanismos transparentes de rendición de cuentas sobre su actuación.
La ONU y organizaciones de derechos humanos han documentado de manera recurrente patrones de impunidad, incluyendo posibles vínculos o omisiones de autoridades locales y federales en diversos estados.
El gobierno responde a estas observaciones con comunicados que descalifican los informes como “tendenciosos” y “parciales”, argumentando que omiten los esfuerzos institucionales recientes y que las desapariciones se deben principalmente a la delincuencia organizada, no a acciones estatales.
La respuesta oficial y la escalada internacional
Ante la decisión del CED, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación emitieron comunicados conjuntos rechazando el informe por su “falta de rigor jurídico” y por no considerar las actualizaciones proporcionadas por el Estado.
COMUNICADO CONJUNTO GOBERNACIÓN-RELACIONES EXTERIORES. “México rechaza informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances contra desapariciones forzadas desde 2018”.https://t.co/rf1AbzHtjt pic.twitter.com/yoA9JHCQPj
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 2, 2026
Esta postura refleja una defensa de la autodeterminación, pero contrasta con la percepción internacional de que persisten deficiencias estructurales en prevención, investigación y sanción.
Expertos de la ONU, incluyendo el Subcomité para la Prevención de la Tortura en su visita de enero de 2026, han reconocido avances legislativos pero han urgido a fortalecer la implementación práctica y cerrar brechas entre norma y realidad.
Manipulación estadística y limitaciones en la investigación
El Registro Nacional, controlado por instancias federales, ha sido objeto de revisiones que, según críticos y organismos independientes, buscan ajustar a la baja la magnitud visible de la crisis al reclasificar casos.
La Fiscalía General de la República y las fiscalías locales enfrentan críticas persistentes por la impunidad que supera el 90 % en muchos delitos graves, según informes de la propia ONU.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones, pero su efectividad se ve limitada por percepciones de alineación política con el Ejecutivo.
Las madres buscadoras
En el corazón de la crisis humanitaria más grave de desapariciones forzadas en México —que supera las 128.000 personas no localizadas según registros oficiales actualizados—, las colectivas de madres y familiares de desaparecidos han asumido un rol absolutamente protagónico en la búsqueda de restos y la exigencia de verdad y justicia.
Estas mujeres, muchas de ellas con el corazón destrozado por la ausencia de un hijo, una hija, un esposo o un hermano, han transformado su dolor en acción organizada. Armadas solo con picos, palas, varillas y una determinación inquebrantable, recorren zonas de alto riesgo controladas por el crimen organizado, excavan fosas clandestinas, revisan crematorios improvisados y analizan cada indicio —huesos, ropa, zapatos, mochilas, juguetes— que las autoridades estatales, en la mayoría de los casos, han sido incapaces de localizar.
Sus hallazgos no solo superan en número y precisión la acción estatal, sino que han obligado a las fiscalías a reconocer sitios que permanecían ocultos durante meses o años. Organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que agrupa a más de 80 colectivos, o grupos específicos como Madres Buscadoras de Sonora —que desde 2019 han localizado 1.230 cuerpos en fosas clandestinas y a 1.300 personas con vida— o Guerreros Buscadores de Jalisco demuestran que, sin su labor, la verdad sobre miles de casos seguiría enterrada bajo la impunidad.
Uno de los casos más impactantes y recientes que ilustra esta brecha entre la inacción institucional y la tenacidad de las madres es el del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. En marzo de 2025, integrantes de colectivos como Guerreros Buscadores y Madres Buscadoras de Jalisco irrumpieron en este predio tras recibir denuncias anónimas y pistas de testigos.
Lo que encontraron fue un verdadero “centro de exterminio” presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación: miles de restos óseos fragmentados, ropa ensangrentada, cobijas, zapatos, mochilas infantiles y evidencias de crematorios clandestinos donde se incineraban cuerpos para borrar rastros.
Las madres describieron escenas dantescas: bata con sangre, agujeros en la tierra usados como fosas y un “inventario del terror” que, según sus denuncias, superaba los 1.300 objetos. La Fiscalía de Jalisco había visitado el sitio en septiembre de 2024, pero durante seis meses no actuó; cuando las madres entraron, acusaron a las autoridades de haber “barrido” y “maquillado” el lugar, retirando pruebas y pisoteando el terreno para ocultar la magnitud del horror.
Las madres regresaron una y otra vez, exigiendo acceso pleno y transparencia. Indira Navarro, líder de Guerreros Buscadores, refutó públicamente la versión oficial del fiscal Alejandro Gertz de que no era un sitio de exterminio sino de “reclutamiento”.
El caso generó indignación nacional e internacional, pero también represalias: apenas un mes después, en abril de 2025, la madre buscadora María del Carmen Morales —integrante del mismo colectivo que descubrió el rancho— fue asesinada junto a su hijo Jaime Daniel Ramírez en Tlajomulco de Zúñiga. Este doble homicidio conmocionó al país y evidenció cómo la búsqueda activa de la verdad se paga con sangre.
No es un caso aislado. Las colectivas han protagonizado decenas de hallazgos igual de desgarradores. En 2025, madres buscadoras localizaron cientos de bolsas con restos humanos a escasos metros del Estadio Jalisco y del Estadio Akron en Guadalajara, zonas que deberían ser seguras y que ahora forman parte de la geografía del terror.
En Sonora, las Madres Buscadoras han desenterrado fosas que las fiscalías ignoraron durante años. En Sinaloa, el colectivo Sabuesos Guerreras, liderado por María Isabel Cruz Bernal —quien busca a su hijo policía desaparecido en 2017—, ha documentado masacres y crematorios que el Estado no ha procesado.
Estos descubrimientos no solo devuelven dignidad a las víctimas al permitir su identificación, sino que desnudan la omisión sistemática de las instituciones: fiscalías que archivan casos, peritos que no llegan y gobiernos que minimizan la crisis calificándola de “maniobra política”.
La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido explícitamente este heroísmo. En julio de 2025, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exigieron al Estado mexicano reconocer formalmente a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos de una categoría especial.
Demandaron su integración inmediata al Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, protección efectiva contra agresores, sanción a los responsables y medidas para combatir la discriminación estructural que enfrentan. La ONU ha subrayado que estas mujeres no solo buscan a sus seres queridos, sino que defienden el derecho universal a la verdad, la justicia y la memoria.
Sin este reconocimiento oficial y sin protección real, México las expone diariamente a la violencia y la impunidad.
Sin embargo, a pesar de estos llamados internacionales, persisten y se agravan las denuncias de vigilancia, difamación, hostigamiento y riesgos mortales contra activistas, periodistas y defensores que documentan estas violaciones.
Las madres buscadoras enfrentan un doble frente: el crimen organizado, que las amenaza para que callen, y en ocasiones autoridades que las estigmatizan, las llaman “mentirosas” o las acusan de politizar la tragedia.
Informes de Amnistía Internacional revelan que el 97 % de las mujeres buscadoras entrevistadas ha sufrido violencias: amenazas (45 %), extorsiones (39 %), ataques físicos (27 %), desplazamientos forzados (27 %), secuestros, tortura e incluso violencia sexual. Desde 2010, al menos 27 a 35 personas buscadoras han sido asesinadas (muchas de ellas madres) y varias más han desaparecido; solo en los últimos años, casos como el de Marisela Escobedo (asesinada en 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua), Araceli Rodríguez Nava (agredida en Guerrero pese a contar con protección federal) o la reciente ola de 2025 (incluyendo a María del Carmen Morales y otras en Zacatecas, Michoacán y Sinaloa) ilustran un patrón sistemático.
La vigilancia es constante: drones sobrevolando búsquedas en campo, seguimientos, filtración de datos personales, allanamientos y campañas de difamación en redes o medios oficialistas que las presentan como “obstáculos” o “manipuladas”.
Periodistas y activistas que acompañan o documentan estos esfuerzos también son blanco: amenazas, criminalización y agresiones letales. El diagnóstico del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y organizaciones como Artículo 19 documenta que la impunidad es la norma: la mayoría de estos ataques no se investiga ni se sanciona.
La labor de las madres buscadoras es un acto de amor y resistencia que ha salvado la dignidad de miles de familias mexicanas. Pero mientras el Estado no cumpla con su obligación de protegerlas —reconociéndolas, garantizándoles seguridad efectiva y procesando a sus agresores—, su valentía seguirá cobrando un precio impagable.
La protección a estas defensoras no es un favor; es una deuda moral y legal que México tiene con ellas y con la memoria de los desaparecidos. Solo con su seguridad garantizada podrá avanzarse hacia una verdadera justicia que ponga fin a esta crisis que mancha al país entero.
La búsqueda no se detiene. Y las madres, pese a todo, tampoco.
La amenaza de un mecanismo de verificación internacional
La activación del artículo 34 representa un paso sin precedentes: la ONU considera medidas de apoyo internacional para prevenir, investigar y erradicar las desapariciones forzadas.
México, que se presenta como una potencia media, enfrenta el riesgo de ser escrutado como un Estado con deficiencias graves en derechos humanos.
La respuesta oficial se centra en rechazar premisas que no reflejarían la realidad actual y en destacar la cooperación técnica, pero sin rectificaciones estructurales profundas.
Conclusión: un desafío histórico para el Estado mexicano
El gobierno de Morena no ha resuelto la crisis de violencia y desapariciones heredada; en varios aspectos, las cifras y los informes internacionales indican que se ha mantenido o incluso agravado en ciertos indicadores.
Negar la evidencia, descalificar a organismos multilaterales y priorizar la narrativa sobre la autocrítica no fortalece la gobernanza ni genera confianza.
México requiere un enfoque de Estado que priorice la verdad, la rendición de cuentas y la protección efectiva de los derechos humanos por encima de cualquier consideración ideológica o política.
La historia evaluará si la actual administración opta por la rectificación o por la confrontación estéril.
El mundo observa, y las víctimas y sus familias exigen respuestas concretas, no discursos.
Fuentes:
1. Activación del Artículo 34 del CED de la ONU (2 de abril de 2026): indicios de desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, omisión estatal y solicitud a la Asamblea General
- Comunicado oficial OHCHR (ONU): https://www.ohchr.org/es/press-releases/2026/04/mexico-un-committee-requests-general-assembly-consideration-enforced → Decisión del CED de remitir el caso a la Asamblea General por indicios fundados de crímenes de lesa humanidad.
- El País (detalle completo de la decisión y rechazo mexicano): https://elpais.com/mexico/2026-04-02/el-comite-contra-la-desaparicion-forzada-de-la-onu-pide-llevar-la-crisis-de-mexico-a-la-asamblea-general.html → Contexto de indicios de patrones sistemáticos y complicidad.
- Comunicado conjunto oficial SRE-Segob (rechazo del gobierno): https://www.gob.mx/segob/prensa/mexico-rechaza-informe-del-comite-de-desapariciones-forzadas-de-la-onu-por-omitir-avances-contra-desapariciones-forzadas-desde-2018-422922 (y versión SRE: https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-rechaza-informe-del-comite-de-desapariciones-forzadas-de-la-onu-por-omitir-avances-contra-desapariciones-forzadas-desde-2018) → Respuesta oficial que califica el informe de “tendencioso” y “parcial”.
- Amnistía Internacional (posicionamiento sobre activación): https://www.amnesty.org/es/documents/ior40/0311/2025/es/ → Apoyo al procedimiento del Art. 34.
- Infobae (motivos detallados del CED): https://www.infobae.com/mexico/2026/04/02/estos-son-los-motivos-por-lo-que-un-comite-de-la-onu-pidio-intervenir-en-la-situacion-de-desapariciones-en-mexico/ → Primera vez que se activa el Art. 34.
- Artículo 19 (respaldo de colectivos): https://articulo19.org/familiares-y-colectivos-respaldan-apertura-del-procedimiento-del-articulo-34-de-la-convencion-en-materia-de-desapariciones-forzadas-de-la-onu/ → Apoyo de buscadoras.
2. Magnitud de la crisis: RNPDNO (>132.000 desaparecidos desde 2006) y reinterpretación gubernamental de marzo 2026 (~43.000 casos activos)
- Dashboard oficial RNPDNO (Segob): https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/ → Cifras oficiales actualizadas.
- CNN (presentación gubernamental marzo 2026 y crítica de ONG): https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/27/mexico/gobierno-nuevo-informe-personas-desaparecidas-ong-cuestionan-orix → Reinterpretación a 43.128 casos activos; total histórico 132.534.
- A Dónde Van los Desaparecidos (crítica a la reclasificación): https://adondevanlosdesaparecidos.org/2026/03/30/refutan-revision-del-registro-nacional-sin-fundamento-legal-evidencia-fallas-de-las-fiscalias/ → Cuestionamiento a la minimización.
- Univision (cifra oficial): https://www.univision.com/noticias/america-latina/cuantos-desaparecidos-hay-mexico-cifra-oficial-personas-no-localizadas-hasta-marzo-2026 → Confirmación de 130.178 desde 2006.
3. Herencia de “abrazos, no balazos” y continuidad (presupuesto SEDENA/Guardia Nacional)
- Yahoo Noticias (crecimiento presupuesto SEDENA 2018-2026): https://es-us.noticias.yahoo.com/sedena-expande-crece-presupuesto-tareas-051324713.html → Aumento del 43% (de 119.000 a 170.000 millones).
- Fundar (análisis presupuesto 2026): https://fundar.org.mx/desaparicion-y-seguridad-publica-los-retos-del-presupuesto-2026/ → Continuidad militar y recortes en áreas civiles.
4. Caso Rancho Izaguirre (Teuchitlán, Jalisco, marzo 2025) y asesinato de María del Carmen Morales (abril 2025)
- BBC Mundo (hallazgo por Guerreros Buscadores): https://www.bbc.com/mundo/articles/c4g972j2gn7o → Detalle del “centro de exterminio”.
- A Dónde Van los Desaparecidos (crítica a la Fiscalía): https://adondevanlosdesaparecidos.org/2025/03/26/teuchitlan-el-cruel-montaje-del-circo-del-horror/ → Acusaciones de “maquillaje” del sitio.
- Infobae (un año después y contradicción a versión oficial): https://www.infobae.com/mexico/2026/03/06/guerreros-buscadores-de-jalisco-revira-a-la-fgr-por-rancho-izaguirre-la-verdad-debe-decirse-completa/ → Restos, crematorios y reclamos.
- El País (asesinato de María del Carmen Morales): https://elpais.com/mexico/2025-04-24/asesinada-una-madre-buscadora-del-colectivo-del-rancho-de-teuchitlan-si-tenia-amenazas-no-querian-que-encontrara-a-su-hijo.html → Represalias directas.
- Infobae (asesinato junto a su hijo): https://www.infobae.com/mexico/2025/04/24/asesinan-a-la-madre-buscadora-maria-del-carmen-morales-junto-a-su-hijo-en-jalisco-colectivo-exige-justicia/ → Confirmación del doble homicidio.
- Dallas News (detalle): https://www.dallasnews.com/espanol/al-dia/mexico/2025/04/25/asesinato-madre-buscadora-tlajomulco-maria-carmen-morales-colectivo-guerreros-buscadores-jalisco/ → Contexto de amenazas.